A unos días de que se presente un paquete de reformas anticorrupción, Transparencia Mexicana compartió resultados de un nuevo informe sobre las sanciones por corrupción administrativa investigadas por los órganos de fiscalización superior.
De acuerdo con el estudio, que se realizó con la participación de los órganos de fiscalización superior y los tribunales de justicia administrativa de todo el país, solo 7.1% de los casos investigados por la totalidad de los órganos de fiscalización superior del país llegaron a algún tipo de sanción por parte de los tribunales de justicia administrativa.
El estudio evaluó la facultad conferida por el Congreso de la Unión en 2015, cuando se dotó a los órganos federales y estatales de fiscalización superior, de “dientes” para poder investigar faltas graves de corrupción en materia administrativa.
En un comunicado, Transparencia Mexicana compartió los resultados para la federación y cada una de las 32 entidades federativas del país, así como los resultados generales desde que se aprobó la medida en 2015. El análisis será entregado al Congreso de la Unión para su consideración durante el análisis y discusión de reformas a la Ley de fiscalización superior que se prevén para este año.
La investigación, realizada con la participación activa de órganos de fiscalización superior y tribunales de justicia administrativa, es parte del proyecto “Anticorrupción para la reducción de las desigualdades” del capítulo mexicano de Transparencia Internacional.
“Coincidimos con la propuesta legislativa de revisar la inmunidad procesal, el llamado ‘fuero’, para facilitar la investigación de casos de corrupción gubernamental, pero también consideramos indispensable incrementar el riesgo de que las investigaciones por corrupción lleguen a sanción”, señaló Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.
“Desaparecer la inmunidad procesal, es relevante sí, pero solo si se acompaña de medidas adicionales para evitar la impunidad penal o administrativa”, señaló Bohórquez.
El estudio permitirá a los poderes ejecutivo y legislativo, valorar el impacto del marco legal vigente y considerar posibles cambios a la Ley de fiscalización superior vigente.
