Un balance del trabajo de los Órganos de Fiscalización Superior y los Tribunales de Justicia Administrativa en México, 2017-2025.
Hay una diferencia entre que exista una ley y que la ley funcione. Desde 2017, con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) investigan casos de responsabilidades administrativas graves y pueden turnarlos a los Tribunales de Justicia Administrativa (TJA) para que los sancionen.
Transparencia Mexicana sistematizó todos los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) —el documento que abre un caso de corrupción— emitidos por las 33 EFS del país entre 2017 y 2025, y les dio seguimiento para conocer qué ocurrió con ellos tras la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, en cuya construcción y reforma Transparencia Mexicana tuvo un papel activo. El resultado es:
- 5,100 IPRA iniciados
- 4,744 admitidos por la autoridad sustanciadora
- 4,138 enviados a la autoridad resolutora
- 898 con sentencia definitiva
- 363 sanciones impuestas
De cada 100 casos que las entidades de fiscalización consideraron lo suficientemente graves como para abrir un expediente, solo 7.1 terminan con una sanción real de un tribunal. No se trata del 7.1% de las denuncias ciudadanas ni de las sospechas informales: es el 7.1% de los casos que ya superaron el primer filtro de una autoridad técnica.
Cuando sí hay sanción, tampoco suele ser severa: 6 de cada 10 consisten en inhabilitaciones temporales. La destitución del cargo —la consecuencia más visible— es excepcional: apenas representa el 1%.
Lo que esto significa
Este dato no mide cuánta corrupción hay en México; el estudio no puede estimarlo porque solo contempla los casos que las auditorías lograron detectar. Mide algo distinto: qué tan probable es que, una vez detectadas, las faltas administrativas graves tengan consecuencias.
Y ahí es donde el sistema falla. La evidencia es consistente: lo que disuade no es el tamaño de la sanción prevista en la ley, sino la probabilidad de que las conductas previstas en ella sean efectivamente sancionadas.
Fuente: Transparencia Mexicana, “Investigación y sanción de la corrupción administrativa en México 2017-2025” (febrero 2026).