Las recientes inundaciones en varios municipios conurbados de la Ciudad de México provocaron protestas vecinales, conversaciones públicas con autoridades municipales y cuestionamientos a la empresa concesionaria de una de las vías primarias de comunicación sobre quién debía responder por la infraestructura y las afectaciones generadas. El tema no es nuevo. Tampoco exclusivo de la zona conurbada de la Ciudad de México. A lo largo y ancho del país, los servicios concesionados a un particular son objeto de controversia en sectores tan diversos como la provisión del servicio del agua, los sistemas de transporte o la infraestructura carretera.
En la provisión de servicios públicos, las concesiones a empresas privadas se han convertido en una fuente constante de tensión con las comunidades. No es que concesionar servicios públicos sea intrínsecamente negativo. Pero la forma en que los gobiernos responsabilizan a los concesionarios y los concesionarios a los gobiernos se ha convertido en una especie de “dónde quedó la bolita” en materia de responsabilidades.
Esto es especialmente delicado cuando el titular de la concesión responsabiliza a su vez a sus propios proveedores. En la mayor parte de los casos, es difícil saber a quien o quienes se contrato, si las condiciones de calidad eran las óptimas y si no hay sobreprecios o precios inflados para bienes de menor costo.
Cuando una empresa participa en la construcción, operación o el mantenimiento de infraestructura que impacta la vida de miles de personas, sus decisiones dejan de ser únicamente asuntos de índole privada. El funcionamiento de una vialidad, la compra y operación de infraestructura hidráulica o incluso la supervisión o auditoría de las obras, puede tener efectos en la movilidad, la seguridad, el patrimonio y la calidad de vida de comunidades enteras.
La operación de una carretera, un sistema de transporte o una obra hidráulica requiere proveedores, constructoras, empresas de mantenimiento, supervisores y operadores cuyo desempeño tiene consecuencias directas para las personas usuarias. Cómo y a quién contratan los concesionarios y bajo qué criterios lo hacen es una decisión solo de apariencia privada, por los efectos que tienen para lo público.
Una carretera o un hospital concesionado que incumple con los estándares descritos en el contrato, o que tolera fraudes en su proveeduría, es responsable no solo de incumplimiento de contrato, sino de potenciales violaciones a derechos humanos o incluso corrupción.
En una concesión de transporte, por ejemplo, una empresa concesionaria que desvía recursos destinados al mantenimiento de una flotilla, genera inevitables consecuencias para las personas usuarias, desde incomodidad hasta riesgos a la seguridad de los pasajeros.
Lo mismo ocurre con elementos tan visibles como las estaciones, las escaleras eléctricas o los elevadores. Con más frecuencia de la que nos gustaría atestiguar, cuando la población pregunta por qué no funcionan las cosas, se responsabiliza al contratista o al concesionario, o sencillamente “al gobierno”, rompiendo la cadena de responsabilidad. Quien gana un contrato de obra pública o una concesión del Estado, tiene que asegurarse de tener los mejores sistemas de contratación, reduciendo costos, maximizando la calidad de los insumos y estableciendo una cadena muy clara de responsabilidades.
Por eso, una nueva visión de la contratación pública requiere pensar que no solo los contratos gubernamentales importan. Cuando las empresas proveedoras o concesionarias no fortalecen sus propios sistemas de contratación, supervisión y gestión, las consecuencias y los costos terminan trasladándose a las personas usuarias y a las comunidades que dependen de esos servicios.
Contar con información pública accesible sobre contratos, proveedores y precios permite comprender mejor el origen de los problemas, verificar el cumplimiento de obligaciones y asignar responsabilidades con base en evidencia, no únicamente en declaraciones o percepciones.
Los efectos públicos de una contratación tampoco se limitan a la relación entre quien contrata y quien ejecuta. Con frecuencia involucran cadenas de contratación, mantenimiento y operación en las que participan distintos actores privados. Identificar qué actor realizó cada actividad y qué obligaciones le corresponden permite comprender mejor cómo se ejecutan los compromisos asociados a la infraestructura u otros servicios públicos concesionados, como el transporte, y quién interviene cuando surgen problemas.
La integridad pública requiere algo más que buenas intenciones. Requiere de responsabilidades claras, información accesible, supervisión efectiva y mecanismos que permitan a la ciudadanía conocer y participar en la vigilancia de aquello que afecta su vida cotidiana.
En Transparencia Mexicana creemos en contrataciones más abiertas, más incluyentes y más sustentables. Las llamamos CAIS. Conseguirlas reclama la participación activa del sector privado en nuevos enfoques de compra: mayor transparencia, mejores materiales, mayor inclusión social.
Impulsemos este tipo de contrataciones entre aquellas empresas que le venden al gobierno, pero no nos detengamos ahí. Quien compra mal en el sector privado, también puede dañar consumidores y comunidades. Es hora de reconocer, como decimos en Transparencia Mexicana, que la integridad pública se construye también desde el sector privado.