Cada vez que pagas el camión en efectivo, ese dinero desaparece de cualquier registro. La autoridad no sabe cuánto se recaudó, ni quién lo recaudó.
Esto tiene un costo. Facilita que las empresas concesionarias reporten ingresos menores a los reales, que se desvíen fondos, y que no haya forma de auditar el sistema.
Ahora imagina lo contrario. Cada vez que entras al transporte con una tarjeta de movilidad, o una tarjeta de crédito, o una app, se generan datos: a qué hora viajaste, en qué línea, qué tarifa pagaste. Esos son necesarios para saber cuánto se recauda y cuál es tu ruta.
Con esa información, la autoridad puede planear mejor los servicios, fijar tarifas especiales, calcular subsidios reales y detectar irregularidades. La tecnología no elimina la corrupción por sí sola, pero sí la evita.
Pero ojo: no todo pago digital es igual. Si usas tu tarjeta de débito o crédito bancaria, la autoridad debe pagar una comisión adicional. Si el sistema de recaudo lo opera una empresa privada sin transparencia, la autoridad tampoco accede.
La tecnología importa, pero más importa quién tiene acceso a los datos que genera y cómo se usan.
Un sistema de transporte íntegro no es solo cuestión de tecnología. Es una decisión política: que los datos del servicio público queden en manos públicas, para que puedan usarse en beneficio de quienes más dependen del transporte: las personas que viven en las periferias, las que hacen varios transbordos, las que no pueden pagar más.
En Transparencia Mexicana decidimos hacer un estudio para entender mejor los efectos y posibles usos de los medios de pago sin contacto.