En México, enfrentar el fallecimiento de una persona implica mucho más que un proceso íntimo y familiar. También abre una serie de trámites legales, administrativos, fiscales y patrimoniales que, cuando no se cuenta con información clara o documentos en orden, pueden volverse largos, costosos y desiguales. La falta de organización documental y de información accesible ante un fallecimiento no sólo es un problema individual. Tiene implicaciones públicas relevantes, porque ocurre en un contexto donde los trámites con el Estado siguen siendo una experiencia compleja para muchas personas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en el primer semestre de 2025, el 8.9% de las personas adultas que realizaron algún trámite ante autoridades públicas reportaron haber sido víctimas de corrupción. Esto muestra que la interacción con autoridades sigue siendo un espacio de riesgo, especialmente cuando los procesos no son claros, están fragmentados o requieren múltiples gestiones.
Cuando los procedimientos asociados a un fallecimiento son confusos o están fragmentados:
Se incrementan los costos indirectos para las familias (tiempo, traslados, copias, asesorías).
Se amplían las brechas entre quienes tienen información y acompañamiento, y quienes no.
Se abren espacios para la discrecionalidad y prácticas indebidas, aprovechando la urgencia y vulnerabilidad de las personas.
Contar con documentos básicos en orden ayuda a las personas a ejercer sus derechos, pero también contribuye a procesos más eficientes para el Estado. Trámites que se prolongan o quedan inconclusos generan costos administrativos innecesarios: expedientes abiertos durante años, registros desactualizados, notificaciones que siguen enviándose, cuentas que permanecen activas o responsabilidades que no se cierran adecuadamente. Todo esto implica uso de recursos públicos que podrían evitarse con información clara y procesos mejor articulados.
En un país donde la carga administrativa ya es alta, simplificar y clarificar los procesos asociados a la defunción no sólo reduce el desgaste emocional de las familias, sino que también mejora la eficiencia del gobierno y el uso de recursos públicos.
Desde Transparencia Mexicana decidimos invertir energía en este tema porque creemos que la información clara también es una forma de cuidado. La información reduce incertidumbre, previene abusos y ayuda a que los derechos puedan ejercerse efectivamente, incluso en momentos difíciles.
Como primer acercamiento, elaboramos una lista mínima de cinco conjuntos de documentos clave que toda persona o familia debería considerar para gestionar trámites posteriores a un fallecimiento con mayor certeza¹. Existe también una versión extendida con documentos y acciones complementarias, así como materiales gráficos de apoyo, disponibles para consulta pública.
Este esfuerzo abre la conversación sobre la necesidad de mejorar la información disponible para la ciudadanía; fortalecer la coordinación entre instituciones como el Registro Civil, RENAPO, SAT, IMSS, ISSSTE y autoridades estatales; así como revisar tiempos, costos y cargas administrativas asociadas a los procesos de defunción.
Porque en los momentos difíciles, la información también acompaña.
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¹ Esta lista se diseñó a partir de tres criterios: 1) importancia legal y operativa, porque son indispensables para iniciar o cerrar procesos; 2) efectividad práctica, porque facilitan trámites y evitan retrasos innecesarios o costos adicionales; 3) prevención de vulnerabilidades, al reducir la dependencia de intermediarios informales o gestiones discrecionales, así como decisiones improvisadas.
