Ninguna entidad del país está exenta de la necesidad de fortalecer sus instituciones de control a la corrupción, de vigilar y acatar las resoluciones de los órganos fiscalizadores y de investigación. Por eso, proponemos un mínimo de 11 compromisos de política pública para el control efectivo de la corrupción en las entidades federativas del país:
- Un gobierno que impulse la creación de Fiscalías Generales que garanticen independencia, autonomía y fortaleza institucional para la adecuada persecución e investigación de los delitos.
- Las observaciones de las auditorías internas y externas (órganos de fiscalización estatal y federales) deben ser públicas y accesibles, también el nivel de funcionarios públicos involucrados, recuperaciones financieras y avances relevantes en las investigaciones.
- Un gobierno sin archivos de papel que cumple tanto con la Ley General de Transparencia como con la Ley de Archivos.
- Un gabinete que voluntariamente publique la “3de3” en la plataforma de IMCO y Transparencia Mexicana, en tanto entra en vigor la obligación de hacerlo a través de la Plataforma Nacional Digital (PND-SNA).
- Un gobierno que tenga un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos provistos por el gobierno estatal, incluidas las acciones y programas de desarrollo social. Un gobierno con un Catálogo de Programas Sociales y Acciones de Desarrollo Social.
- Un gobierno con adecuada planeación para los proyectos de infraestructura con requisitos que aseguren pertinencia y sustentabilidad; un gobierno que publica la información sobre contrataciones y obras públicas con los estándares nacionales e internacionales de datos abiertos.
- Un gobierno que impulse a nivel nacional una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas
- Un gobierno que informe sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas para todas las dependencias de manera oportuna.
- Un gobierno que compra a través de Compranet como lo establece la PND-SNA
- Un gobierno que reduce el número de pagos en efectivo
- Un gobierno comprometido con el Sistema Nacional Anticorrupción que no pone trabas al sistema local y asegura su independencia y eficacia.
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