Ya no confiamos en nuestros gobernantes, ¿Y ahora qué hacemos?

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La iniciativa “Tres de tres” busca que una práctica que hoy es inexistente, se convierta en una práctica regular en los procesos electorales del país y se generalice como buena práctica entre 2015 y 2018. Nuestro objetivo es que durante los próximos tres años se desarrollen elementos para una nueva cultura política, una cultura basada en una mayor apertura frente al ciudadano de quienes aspiran a ocupar un puesto de representación popular. Buscamos que para 2018, año en que no sólo se renovará la presidencia de la República, sino todo el Congreso y buena parte de los poderes locales, un número significativo de candidatos ponga en manos del elector y de la opinión pública información sobre su patrimonio[1], su compromiso fiscal[2] y las áreas de potencial conflicto de intereses[3]. En una democracia funcional y efectiva, esa información sobre el candidato es esencial. ¿Quién es el candidato? ¿Cuál es su patrimonio al momento de contender por una posición? ¿Ha sido responsable de contribuir fiscalmente a la bolsa de recursos públicos que administrará? ¿Qué potenciales conflictos de intereses puede enfrentar?

Una nueva práctica política solo puede construirse mediante cambios normativos e institucionales que se combinen con una opinión pública exigente que haga que la norma se cumpla en la práctica. Transparencia Mexicana promoverá ambos cambios: ha diseñado una ruta para el cambio de la ley que hoy no hace obligatoria la publicación de esa información; pero también trabajará en formar coaliciones cívicas que ordenen mediante sistemas de información públicos las declaraciones disponibles. Para alcanzar la visión 2018 de este proyecto, es necesario cambiar las reglas, pero sobre todo crear nuevos hábitos en una clase política alejada del electorado y un sistema de partidos en franca crisis.

La clase política y los ciudadanos estamos convencidos que el status quo tiene que cambiar, lo que exige la ley ya no es suficiente. Ante esto parte de la clase política ha reaccionado proponiendo que el aparato de seguridad y justicia lleve a cabo algún tipo de control sobre quién es o no candidato o candidata. Este tipo de controles merecen cuando menos una reflexión más a profundidad. ¿Los exámenes de confianza lograrán evitar que llegue un legislador o alcalde infiltrado? Nuestra democracia es de por sí cara, y los exámenes de confianza han resultado inefectivos.

Incluso si los candidatos, ya sea que busquen el registro por la vía independiente o la vía partidista, pasan las pruebas médicas, toxicológicas, psicológicas, de entorno social y poligráficas, el elector no tendrá acceso a esa información de forma desagregada. En una democracia electoral, no es suficiente que los partidos políticos impidan que personas con un perfil inapropiado sean candidatos por esa fuerza política o por la vía independiente. Es necesario que los electores conozcan toda la información disponible para formarse una opinión de ese partido, de sus simpatizantes y electores, pero sobre todo, es el elector el que debe tener confianza en que esos procesos llevaron a una mejor selección de candidatos.

Por ello en Transparencia Mexicana creemos que el mejor blindaje electoral es el que se pone en las manos del elector. En diciembre pasado, hicimos una propuesta abierta para que todo aspirante a un puesto de elección popular haga pública su declaración patrimonial, una declaración de intereses y las declaraciones de impuestos de los últimos cinco años. Con esa información de cada aspirante a candidato, el elector tendrá herramientas para evaluar la conveniencia o no de que un aspirante llegue a un puesto de elección popular, y también podrá establecer un referente para ejercicios futuros de rendición de cuentas.

[1] Aunque en México todo servidor público debe presentar una declaración patrimonial a su órgano interno de control, los candidatos a puestos de elección popular no tienen que hacerlo. La iniciativa busca que la figura de declaración patrimonial con carácter público se incorpore al proceso electoral mexicano

[2] Diversos analistas, como Luis de la Calle, han señalado como indispensable para restaurar la confianza en la clase política que la declaración de impuestos se haga pública. En particular, De la Calle señala que los funcionarios podrían hacer pública sus declaraciones de los 5 años anteriores al momento en que tomarán posesión de un cargo. Transparencia Mexicana considera que esta propuesta debe llevarse también al Poder Legislativo y a los procesos electorales, rompiendo la idea actual de secrecía alrededor del pago de impuestos. Si los funcionarios son responsables del manejo presupuestario o si el Congreso es responsable de la asignación presupuestal, aquellos involucrados en ambos procesos deben probar que han contribuido a generar los recursos públicos que habrá de administrar o sobre los que tiene influencia directa en sus decisiones. La declaración de impuestos es un método sencillo para hacerlo.

[3] La legislación sobre conflicto de intereses en México es prácticamente inexistente y en los casos en los que existe mención explícita al tema sus mecanismos no son fácilmente accionables.